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La propuesta del equipo de gobierno aprobada en el Pleno de ayer, pretende instar a la CCAA para la paga extra sea recuperada y fue aprobada por todos los grupos políticos con excepción del PP. Además, el Pleno estuvo presidido por el concejal de IU, Francisco Saorín
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El texto, aprobado por mayoría expresa, decide instar al Consejo de Gobiernos de la Comunidad Autónoma de Murcia a que «realice de manera urgente los trámites precisos para que los usuarios de las residencias de mayores -públicas y concertadas- recobren sus pagas extraordinarias, dejando estas de estar sujetas a la base de cálculo que determina las aportaciones mensuales por plaza de residente». La iniciativa surgió de Izquierda Unida que fue quien propuso al equipo de gobierno llevarla al Pleno. Además, el Pleno estuvo presidido por Francisco Saorín, concejal de IU, como primer teniente de alcalde por ausencia del regidor. Esta es la tercera vez que un concejal de IU preside el Pleno, todas en esta legislatura.
Asimismo, la concejala de Personas Mayores, Cristina García Vaso, sustentó esta iniciativa argumentando que, «en 2012, el Gobierno regional adoptó un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica entre las que destacó por su importancia y efectos la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la Comunidad».
«Otras medidas de ese paquete -continuó la concejala- pasaron más inadvertidas pese a que afectaban a un colectivo tan vulnerable como el de las personas mayores, usuarias de las residencias de la tercera edad, a quienes a partir de ese momento y en virtud de la Ley 6/2012 de 29 de junio sobre Medidas Tributarias, Sociales, Económicas y Administrativas de la Región de Murcia, impulsada y promovida por el grupo parlamentario popular, se les empezaron a incluir las pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina la aportación mensual de los mismos a las residencias; una aportación que, hasta entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas ordinarias del año».
Según García-Vaso,«a partir de entonces se estableció un ‘agravio comparativo’ respecto al resto de comunidades autónomas, donde las personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una residencia, disfrutan de sus pagas extras. En opinión de este equipo de gobierno, tal circunstancia vulnera el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan».
Abundando en su argumentación, afirmó que, «según denuncian los propios usuarios de residencias y los familiares de los mismos, con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos, sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están fuera del sistema sanitario».
«Por lo tanto durante estos años la medida del PP no ha hecho más que empobrecer a nuestros mayores que, por otro lado, ya estaban de por si en la cola de las pensiones españolas. Esta medida afecta a cerca de 2.500 usuarios en el conjunto de la Región, usuarios de las residencias de mayores tanto públicas como concertadas», indicó García-Vaso.
Concluyó su intervención subrayando que «todo lo anterior contraviene las disposiciones de la Constitución que en su artículo 50 dispone que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Además, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».